Unidos contra la corrupción
Los principales representantes del mundo jurídico, policial, académico y sociedad civil europeos se reunieron el 20 y 21 de octubre en Praga para debatir sobre la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la gestión de los de activos requisados por las fuerzas de seguridad, en una conferencia internacional financiada por los EEA Grants y organizada por el National Focal Point de la República Checa y el Consejo de Europa.
28.10.2015
Unos 250 participantes de 47 países se dieron cita en Praga en una de las conferencias más importantes organizadas bajo el paraguas de los EEA Grants. Juristas, políticos, investigadores, representantes de la sociedad civil y expertos debatieron durante dos días sobre cómo asegurar la transparencia en la financiación política y evitar los lobbies, cómo prevenir y combatir la corrupción judicial, la protección de los informantes, la lucha contra el lavado de dinero y la mejora de la gestión de los activos requisados por delitos. El objetivo era poner en común experiencias e impulsar la coordinación entre países para facilitar el cumplimiento de estándares internacionales en esta materia. Hay que destacar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo que en el marco del Consejo de Europa evalúa y propone estrategias para mejorar la transparencia en la colaboración entre países en este ámbito.
En el capítulo sobre cómo asegurar la transparencia en la financiación a partidos políticos, los expertos destacaron que es uno de los principales desafíos de los países europeos, por la deficiente y escasa regulación al respecto. Esta carencia normativa se inscribe además en un problema mayor de falta de confianza en la clase política por los persistentes escándalos de corrupción que afectan a prácticamente todos los países europeos, ocupando la política las dos primeras posiciones en el barómetro de corrupción europea de 2012 (EU-27). Un riesgo común identificado es el de los créditos concedidos por entidades financieras, que ni están regulados ni son públicos. Desafortunadamente se destacó el caso negativo de España en cuanto a la lentitud del control nacional a cargo del Tribunal de Cuentas, publicando sus informes después de transcurridos tres años. Algunas soluciones aportadas pasan por hacer pública la lista de donantes a partidos políticos, la contabilización y publicación del número total de políticos, o la creación de una red de “corruption hunters” compuesta de fiscales, investigadores y organizaciones internacionales.
La temática de los lobbies está adquiriendo cada vez una mayor relevancia y reconocimiento en Europa. El objetivo debe ser desarrollar una ley específica a nivel nacional adaptada a las especificidades de cada país, con puntos comunes como la creación de un registro de los lobbies y la publicación de todos los contactos que se realicen y de las agendas de los políticos y altos funcionarios. Algunos estados miembros de la UE han desarrollado estas normativas recientemente (2000-2015). El modelo a seguir debe ser el de Estados Unidos, con más de 50 años de experiencia en este campo.
La prevención y el combate contra la corrupción en el poder judicial pasa, según los asistentes, por medidas como reforzar la regulación de las condiciones del servicio, los regímenes de conflicto de intereses y declaraciones de bienes. Se planteó la problemática de la influencia del poder político sobre la promoción profesional de jueces y fiscales en los puestos más altos, buscando el equilibrio entre las dos concepciones de independencia y servicio público. Una loable iniciativa entre los fiscales de la República Checa es la creación de un Código Ético y de un Comité Ético al que los ciudadanos y los medios pueden plantear consultas sobre las actuaciones de los fiscales y los jueces para que se valore si se ajustan a dicho Código Ético.
La mesa redonda sobre protección a los informantes de delitos reveló la necesidad de implementar estándares internacionales y leyes nacionales que protejan efectivamente a los denunciantes de casos de corrupción, algo que no todos los países han adoptado en su marco jurídico, siguiendo las directrices de la OCDE y el Consejo de Europa.
La lucha contra el lavado de dinero cuenta con abundante normativa internacional, pero su aplicación no siempre es sencilla. Como novedad se debatió la aplicación de la 4ª Directiva de la UE, que introduce aspectos novedosos como la evaluación de riesgo nacional o la creación de un registro de información sobre quién se esconde detrás de los testaferros.
En el quinto tema sobre la mesa, la recuperación y la gestión de activos vinculados a un delito, pese a los avances, graves problemas persisten, como la necesidad de dotación de equipos interdisciplinares y organismos dedicados a la gestión efectiva de los bienes confiscados.
Recomendaciones:
- 1.Cooperación internacional (Convenio de Varsovia): Tanto el Consejo de Europa como la Fiscalía General Anticorrupción y la Audiencia Nacional coinciden en los beneficios reales de una cooperación internacional eficaz, para la lucha contra el lavado de dinero, como delito intrínsecamente supranacional. Esta cooperación puede adoptar la vía más eficaz, ya sea la jurídica, la policial o entre agencias tributarias. Se hace necesaria la dedicación de recursos nacionales especializados en exclusiva a este cometido.
- 2.Tipificación homogénea de delitos y penas a nivel internacional, evitando de este modo el “turismo delictivo”.
- 3.Mayor control sobre los riesgos de corrupción política: publicar la lista de donantes a partidos políticos, controlar los créditos financieros a partidos como posible forma de donaciones encubiertas, regalos vs. sobornos, conflicto de intereses con familiares, período de “cooling-off” (puertas giratorias) y manejo de información privilegiada proveniente de su reciente cargo. En este control juega un papel crucial la sociedad civil y los medios, mientras no se dote de los medios necesarios para agilizar el trabajo encomendado al Tribunal de Cuentas.
- 4. Lobbies: apertura y transparencia de las actividades y reuniones de los lobbies, así como publicación de las agendas de los políticos y altos funcionarios al respecto. Huella legislativa (cambios introducidos en la tramitación, por qué y por quién).
- 5. Protección de denunciantes: desarrollo de estándares internacionales que permitan la protección del delator, la recuperación del dinero perdido por su denuncia y el reconocimiento social por su contribución a la transparencia y eficacia económica de su país. Son los “agentes anticorrupción” más efectivos y conocedores de la situación real.
- 6. Confiscación de activos: explorar la confiscación de no-convictos, la confiscación extendida (cuando los bienes de una persona sean desproporcionados respecto a su capacidad económica oficial) y aplicación incluso posterior al cumplimiento de la pena impuesta. Las Oficinas de Recuperación y Gestión de Activos (ARO, AMO) integradas en una red internacional son imperativas.
- 7. Lavado de dinero: es necesario un compromiso político al más alto nivel para asegurar la necesaria cooperación fluida entre los diferentes organismos nacionales, prestar especial atención a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y a los “Trusts” que enmascaran los verdaderos agentes implicados.
- 8. Garante de independencia judicial mediante la incorporación de las recomendaciones del GRECO en su informe sobre España, trasladando la elección de la mayoría de los cargos del poder judicial a los propios jueces.
La conferencia internacional fue organizada por el Punto Focal de los EEA Grants en la República Checa, junto con el Consejo de Europa y financiada por los EEA y Norway Grants y a ella asistieron representantes del Punto Focal y de organismos jurídicos y de seguridad españoles.